LA PAZ- El presidente boliviano, Evo Morales, anunció la anulación del decreto que elevó los precios de los combustibles hasta en 83% y que dio lugar a violentas protestas el jueves y amenazas de marchas y huelgas a partir de mañana.

"Hemos decidido, en esta conducta de andar obedeciendo al pueblo, abrogar el decreto supremo 748 (que eleva los precios de la gasolina y el diésel) y los demás decretos que acompañan a esta medida", pronunció Morales el viernes por la noche.

"Además todas las resoluciones quedan sin efecto. No existe ninguna justificación ahora para subir los pasajes ni aumentar el precio de los alimentos ni la especulación. Todo vuelve a la situación anterior", señaló.

La decisión presidencial revocó también el aumento del 20% al salario mínimo nacional, que alcanzaba a la Policía, las Fuerzas Armadas, así como los sectores de salud y educación. También abría las puertas al sector privado para negociar un incremento de sueldos en ese parámetro.

El miércoles el presidente justificó el alza en la gasolina al afirmar que de la subvención anual a los carburantes de U$S 380 millones, U$S150 millones se iban de contrabando a países vecinos como Brasil, Perú, Argentina, Chile y Paraguay, situación que era muy difícil de combatir.

El mandatario también dijo que para 2011 ese subsidio subiría a U$S 600 millones, una cifra muy onerosa para el país.

Bolivia tiene un consumo de 35.000 barriles diarios de crudo, y en 2010 sólo ha producido unos 4.500 barriles diarios. El faltante es importado de Venezuela o Argentina, principalmente, y se lo vende a precio subvencionado.

A pesar de ello y ante las amenazas de importantes sectores sociales del país de desencadenar la próxima semana protestas contra la medida, Morales se vio obligado a retirar el decreto, cuya promulgación provocó el jueves violentas manifestaciones.

"Mi gobierno es un gobierno que nace del sufrimiento del pueblo boliviano. Mi gobierno y mi presidencia se deben especialmente al pueblo y los movimientos sociales", sostuvo. "Debo gobernar obedeciendo al pueblo", enfatizó el presidente, sustentando así su compromiso asumido durante su primer mandato, en 2006.

A pesar de haberse visto obligado a retirar el decreto, el mandatario insistió en que el decreto beneficia al pueblo boliviano. "Mis compañeros (de los movimientos sociales) me decían que era importante y necesaria, pero no oportuna", agregó.

Desde que el decreto fue promulgado, los transportistas decidieron aumentos de hasta 100% en sus tarifas, lo que desencadenó una ola especulativa en los precios, principalmente, de los alimentos; además de rumores sobre corralitos bancarios y desdolarización de la economía.

El poderoso sindicato de mineros tenía decidido iniciar mañana una caminata de protesta hasta La Paz desde las ciudades andinas de Potosí y Oruro; mientras choferes y maestros amenazaron con recrudecer las manifestaciones si la decisión oficial se mantenía. (AFP-NA)